Montoro convoca a los funcionarios para informarles de los nuevos recortes
- El ministro de Hacienda convoca a la mesa de negociación a los sindicatos
- Estará Beteta y los sindicatos de la función pública CSI-F, CCOO y UGT
El Gobierno ha convocado a los sindicatos para que acudan mañana a una reunión de la mesa de la función pública, previsiblemente para informarles de las nuevas medidas de ajuste que prepara, entre ellas, la ampliación de horario laboral para los funcionarios.
Según han confirmado hoy fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les ha citado mañana a las 17.00 horas, un hecho que también ha corroborado la central de UGT.
CSI-F teme que en esa reunión se les comunique la eliminación de una paga extraordinaria o la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios. No obstante, el sindicato se reserva las medidas de presión "a la espera de que se concreten dichos ajustes".
Las mismas fuentes han indicado que CSI-F ya ha trasladado su rechazo a las posibles medidas en una reunión técnica de la mesa de la Administración General del Estado.
La reunión tendrá lugar en la sede de la Dirección General de la Función Pública y estará presidida por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y estarán presentes, junto a CSI-F, CCOO y UGT.
Esta misma mañana se ha procedido a constituir de manera formal la Mesa General de la Administración del Estado y en esta reunión, de corte técnico, ya se ha trasladado el malestar sindical por las nuevas medidas que el Gobierno quiere poner en marcha, según fuentes de CSI-F.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.
El ministro del Gobierno de Mariano Rajoy indicó que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se "tiene todo hecho", ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que "cumplir todos los días".
Montoro no ha mencionado que el Gobierno esté planteándose eliminar alguna de las pagas extraordinarias de los empleados públicos, aunque desde distintos ámbitos se apunta que la medida está sobre la mesa.
Borra recordó que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, "no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos", que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.
CC.OO también respondido a las intenciones del Gobierno de alterar las condiciones laborales de los empleados públicos. La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de este sindicato calificó de "intolerable" que el Gobierno pretenda hacer caja a costa de los empleados públicos.
Este sindicato avisó de que la supresión de una paga extra a todos los empleados públicos "sería un atentando sin precedentes" sobre el colectivo, "que ha necesitado años de lucha y negociaciones para conseguir equiparar sus pagas extra a sus salarios y que sufriría así un nuevo recorte de su poder adquisitivo".
Según han confirmado hoy fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les ha citado mañana a las 17.00 horas, un hecho que también ha corroborado la central de UGT.
CSI-F teme que en esa reunión se les comunique la eliminación de una paga extraordinaria o la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios. No obstante, el sindicato se reserva las medidas de presión "a la espera de que se concreten dichos ajustes".
Las mismas fuentes han indicado que CSI-F ya ha trasladado su rechazo a las posibles medidas en una reunión técnica de la mesa de la Administración General del Estado.
La reunión tendrá lugar en la sede de la Dirección General de la Función Pública y estará presidida por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y estarán presentes, junto a CSI-F, CCOO y UGT.
Esta misma mañana se ha procedido a constituir de manera formal la Mesa General de la Administración del Estado y en esta reunión, de corte técnico, ya se ha trasladado el malestar sindical por las nuevas medidas que el Gobierno quiere poner en marcha, según fuentes de CSI-F.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.
El ministro del Gobierno de Mariano Rajoy indicó que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se "tiene todo hecho", ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que "cumplir todos los días".
Montoro no ha mencionado que el Gobierno esté planteándose eliminar alguna de las pagas extraordinarias de los empleados públicos, aunque desde distintos ámbitos se apunta que la medida está sobre la mesa.
Malestar sindical
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha criticado que el Gobierno sitúe a los empleados públicos "en el punto de mira" cada vez que tiene que anunciar recortes, informa Europa Press.Borra recordó que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, "no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos", que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.
CC.OO también respondido a las intenciones del Gobierno de alterar las condiciones laborales de los empleados públicos. La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de este sindicato calificó de "intolerable" que el Gobierno pretenda hacer caja a costa de los empleados públicos.
Este sindicato avisó de que la supresión de una paga extra a todos los empleados públicos "sería un atentando sin precedentes" sobre el colectivo, "que ha necesitado años de lucha y negociaciones para conseguir equiparar sus pagas extra a sus salarios y que sufriría así un nuevo recorte de su poder adquisitivo".
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