AMPARADOS EN LA CRISIS ECONÓMICA
SE ESCONDE UNA ESTRATEGIA IDEOLÓGICA
DE CONSECUENCIAS IMPENSABLES.
(Los ministros de justicia, educación e interior, amparados en las medidas del de econnomía y hacienda, inoculan en las leyes una ideología regresiva. Solo les queda, que amparado en los deseos independentistas, animen al de defensa a jugar en este peligroso tablero de las mermas sociales)
EL PAIS:
18 de octubre de 2012
6:57 p.m.
España procura prohibir que se graben los abusos policiacos
Aluden al derecho a la intimidad de los oficiales
Fotos como esta se prohibirían para beneficio de los policías y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. (Archivo)
Por El País
En España, el Ministerio del Interior quiere
impedir que internet vuelva a inundarse de fotos y vídeos de policías a cara
descubierta, perfectamente identificables, haciendo su trabajo (en cargas
policiales, registros u otras operaciones) que luego puedan ser objeto de
escarnio en las redes sociales u objeto de acoso en su ámbito privado.
Para ello está estudiando modificar la ley de Seguridad Ciudadana para prohibir “la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando”.
Pero eso no quiere decir, como insistieron esta tarde fuentes del ministerio, que se pretenda coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación ni impedir el trabajo de los camarógrafos en la vía pública en, por ejemplo, una carga policial como las del pasado 25-S junto al Congreso.
El proyecto lo ha anunciado hoy el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien subrayó que la intención del cambio legal en estudio es “buscar un equilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los de las fuerzas de seguridad”.
Lo que no precisó es cómo se puede vetar la difusión de imágenes de policías (ni de nadie) en la anarquía de las redes sociales ni cómo se hace ese equilibrio. El anuncio se hizo público en un encuentro con la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes(CESI) para analizar las consecuencias de la crisis en el trabajo de las fuerzas de seguridad.
La medida, según Cosidó, pretende proteger la intimidad personal y familiar de los agentes y garantizar el derecho a su honor e imagen y con la que el Gobierno, ha dicho, "da un paso al frente" para dotar de más seguridad el trabajo de la Policía "desde la legalidad y el estricto cumplimiento del Estado de Derecho".
Interior precisó que existe “un documento de trabajo, aún en estudio y sin que haya una decisión en firme de modificar la ley” para poner coto a la divulgación de esas imágenes. “No se trata de poner límites a la libertad de expresión, sino de evitar que los agentes corran riesgos en el ejercicio de sus funciones por la difusión de su imagen”, explicaron fuentes de Interior. Es decir: “No pretendemos que la prensa no pueda hacer su trabajo, que tome imágenes de cargas policiales u otras actuaciones, pero entendemos que en operaciones antiterroristas o en contra de las mafias hay que tener un criterio de mayor cuidado al difundir las imágenes”.
De manera más precisa, fuentes policiales aseguraron que lo que se pretende es “evitar el linchamiento en las redes” de agentes que han podido ser identificados. En ambos casos coincidieron en citar el ejemplo de los Mossos d'Esquadra de paisano identificados en las protestas del 29-M en Barcelona (a los que se llamó “infiltrados” y algunos de cuyos nombres y apellidos corrieron por las redes), cuyos nombres y caras se difundieron por las redes. También citaron el ejemplo de policías identificados en operaciones antiterroristas que quedaron quemados y tuvieron que ser cambiados de destino y de residencia por la presión de la kale borroka (vandalismo terrorista) sobre ellos y sus familias. Sobre los policías cargando no hubo una respuesta precisa.
Pero, “¿cómo se puede determinar y evaluar si la reproducción de una imagen vulnera los derechos de un policía o pone en peligro una operación?”, se preguntó tras conocer la medida José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Eso está en estudio”, insistieron en Interior, “pero siempre habrá un resquicio legal para que eso pueda hacerse”.
Las citadas fuentes admitieron la dificultad de hacer efectiva la prohibición en las redes sociales. “Siempre habrá un rastro para llegar a la identificación de quien ha lanzado esas imágenes”, dijeron. Pero al citarle un ejemplo fácil y al uso para borrar un rastro, como el crear una cuenta ficticia y efímera —de Twitter, de Youtube u otra red social—, pensada solo para colgar una imagen y vídeo para su rebote masivo por las redes, la respuesta fue esta: “Bueno, eso es posible, y ocurre, pero lo que habrá que hacer es ponerlo en la ley, si se pone, y luego regular cómo se puede hacer efectiva la medida”.
Para ello está estudiando modificar la ley de Seguridad Ciudadana para prohibir “la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando”.
Pero eso no quiere decir, como insistieron esta tarde fuentes del ministerio, que se pretenda coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación ni impedir el trabajo de los camarógrafos en la vía pública en, por ejemplo, una carga policial como las del pasado 25-S junto al Congreso.
El proyecto lo ha anunciado hoy el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien subrayó que la intención del cambio legal en estudio es “buscar un equilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los de las fuerzas de seguridad”.
Lo que no precisó es cómo se puede vetar la difusión de imágenes de policías (ni de nadie) en la anarquía de las redes sociales ni cómo se hace ese equilibrio. El anuncio se hizo público en un encuentro con la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes(CESI) para analizar las consecuencias de la crisis en el trabajo de las fuerzas de seguridad.
La medida, según Cosidó, pretende proteger la intimidad personal y familiar de los agentes y garantizar el derecho a su honor e imagen y con la que el Gobierno, ha dicho, "da un paso al frente" para dotar de más seguridad el trabajo de la Policía "desde la legalidad y el estricto cumplimiento del Estado de Derecho".
Interior precisó que existe “un documento de trabajo, aún en estudio y sin que haya una decisión en firme de modificar la ley” para poner coto a la divulgación de esas imágenes. “No se trata de poner límites a la libertad de expresión, sino de evitar que los agentes corran riesgos en el ejercicio de sus funciones por la difusión de su imagen”, explicaron fuentes de Interior. Es decir: “No pretendemos que la prensa no pueda hacer su trabajo, que tome imágenes de cargas policiales u otras actuaciones, pero entendemos que en operaciones antiterroristas o en contra de las mafias hay que tener un criterio de mayor cuidado al difundir las imágenes”.
De manera más precisa, fuentes policiales aseguraron que lo que se pretende es “evitar el linchamiento en las redes” de agentes que han podido ser identificados. En ambos casos coincidieron en citar el ejemplo de los Mossos d'Esquadra de paisano identificados en las protestas del 29-M en Barcelona (a los que se llamó “infiltrados” y algunos de cuyos nombres y apellidos corrieron por las redes), cuyos nombres y caras se difundieron por las redes. También citaron el ejemplo de policías identificados en operaciones antiterroristas que quedaron quemados y tuvieron que ser cambiados de destino y de residencia por la presión de la kale borroka (vandalismo terrorista) sobre ellos y sus familias. Sobre los policías cargando no hubo una respuesta precisa.
Pero, “¿cómo se puede determinar y evaluar si la reproducción de una imagen vulnera los derechos de un policía o pone en peligro una operación?”, se preguntó tras conocer la medida José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Eso está en estudio”, insistieron en Interior, “pero siempre habrá un resquicio legal para que eso pueda hacerse”.
Las citadas fuentes admitieron la dificultad de hacer efectiva la prohibición en las redes sociales. “Siempre habrá un rastro para llegar a la identificación de quien ha lanzado esas imágenes”, dijeron. Pero al citarle un ejemplo fácil y al uso para borrar un rastro, como el crear una cuenta ficticia y efímera —de Twitter, de Youtube u otra red social—, pensada solo para colgar una imagen y vídeo para su rebote masivo por las redes, la respuesta fue esta: “Bueno, eso es posible, y ocurre, pero lo que habrá que hacer es ponerlo en la ley, si se pone, y luego regular cómo se puede hacer efectiva la medida”.
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