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Otra agresión a la clase obrera: el Gobierno facilita el despido de empleados públicos
CCOO presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida al considerar que “queda al descubierto” que lo que perseguía el Gobierno en el sector público era hacer el ajuste presupuestario a través de la reducción de personal.
El
mismo día que el paro ha superado la barrera del 25%, con el foco
puesto en la destrucción de empleo en el sector público –que ha perdido
49.400 trabajadores en los últimos tres meses– el Gobierno ha aprobado
un Real Decreto por el que autoriza a las empresas, entidades o
sociedades en cuyo capital participe de forma mayoritaria el Estado a
despedir a su personal laboral alegando las mismas causas de las que se
sirven las empresas del sector privado.
La reordenación del mercado de
trabajo aprobada el pasado febrero amplió las causas por las que las
empresas pueden despedir con 20 días de indemnización por año trabajado
(con un tope de 12 mensualidades). A las razones que ya incluía la
anterior reforma laboral del Ejecutivo de Zapatero (que introdujo la
existencia de pérdidas como motivo de despido objetivo), se añadieron
entonces otras como la disminución de ventas o ingresos durante tres
trimestres consecutivos.
CCOO
ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad
contra esta medida. La organización que lidera Ignacio Fernández Toxo
considera que al establecer el despido como la única vía de salida que
tendrán las administraciones públicas para adaptarse a las dificultades
económicas “queda al descubierto” que lo que perseguía el Gobierno en el
sector público era hacer el ajuste presupuestario a través de la
reducción de personal.
Por
su parte, UGT este nuevo reglamento “profundiza” en la ley que aprobó
el Gobierno sobre medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
que supuso atribuir al empresario facultades “casi absolutas” a la hora
de determinar la extinción de los contratos o la reducción de la jornada
laboral. Y contribuye a un aumento considerable de la indefensión y
desprotección de los trabajadores, al tiempo que no resuelve los
problemas de inseguridad jurídica de la citada ley y, además, confirma
la eliminación de los controles administrativos y judiciales para
proceder al despido.
fuente: publico.es
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